El senador del bloque del GEN-FAP, Ricardo Vazquez, aseguró que el caso de Pinamar tiene que ver con una metodología irregular de los gobiernos nacional y provincial en la adjudicación de la obra pública. “Es el mecanismo para evadir el control y beneficiar a empresarios amigos”.

El senador del GENFAP, Ricardo Vazquez aseguró que “hay muchos Pinamares porque hay una metodología de estos gobiernos en relación con la adjudicación de obra pública, que le corresponde al Estado, pero que es desviada a través de organizaciones que luego evaden los controles y las instituciones”.

Vazquez señaló, en relación con los hechos denunciados por CQC en Pinamar, que ”esto es un escándalo público. Se trata de un programa que debió tener un fin social y los beneficiarios son familiares del intendente y funcionarios que están lejos de ser los sectores más necesitados de la sociedad de Pinamar. Esto tiene que ver con el exclusivo beneficio económico de Altieri a través de sus empresas privadas vinculadas con el negocio de la construcción y el loteo”.

El senador aseguró que “Altieri tiene que dar un paso al costado mientras se desarrolle la investigación y le corresponde la destitución si se comprueban los hechos denunciados públicamente”. Y agregó: “Hay que terminar con esta forma de asignación de obra pública. Hay mecanismos transparentes para este tipo de obras que tiene que ver con el llamado a licitación, abrir un listado de beneficiarios y el control posterior de la obra pública. En este caso todos los pasos han sido omitidos con la complacencia de los gobiernos provincial y local. El gobernador y el intendente tienen que dar una respuesta”.

El senador envió el día lunes una nota formal para que el Instituto de la Vivienda otorgue copia de los expedientes vinculados con la adjudicación del Barrio “25 viviendas”.

El intendente es apuntado por diversas irregularidades. El proyecto fue consensuado entre todos los concejales de la oposición.

Foto: Agencia Nova

El Concejo Deliberante de Pinamar sancionó este lunes la creación de una Comisión Investigadora sobre el intendente Blas Altieri luego del escándalo suscitado por el otorgamiento irregular de viviendas sociales y los incidentes ocurridos el Día de los Caídos en Malvinas con el móvil de CQC.

La iniciativa, consensuada entre todos los concejales de la oposición, contó con ocho votos positivos contra dos negativos que corresponden al vecinalismo. El proyecto fue impulsado en base a diversas anomalías como la “adjudicación irregular de viviendas sociales, la no contestación de pedidos de informes y la realización de obras públicas que no fueron aprobadas por el Concejo”.

Según señaló a la agencia de noticias NOVA el concejal Alfredo Baldini (PJ), “empezaremos a trabajar a partir de este martes. La comisión se conformó por decreto y, tal como establece la ley orgánica, tendremos 30 días para analizar los temas”.

Respecto del escándalo por las viviendas, Baldini aclaró que la comisión buscará el “expediente de obra, porque queremos ver la vinculación de esta fundación al municipio”.

Hace dos semanas, el Instituto de la Vivienda de la Provincia dispuso el desalojo de las hijas de Altieri -Elena María y María Constanza- y otros funcionarios comunales de alto rango de viviendas sociales del complejo ubicado en el cruce de Palometas y Valle Fértil, por considerar que deben estar destinadas a habitantes de bajos recursos. Esa denuncia había sido formulada tiempo atrás por el programa CQC.

Pero la Comisión Investigadora también apunta a diez pedidos de informe “que nunca se contestaron” y diversos “incumplimientos de ordenanza”, según detalló Baldini. El concejal analizó que “hay una actitud manifiesta del intendente de gobernar sin el Concejo Deliberante”.

Baldini, que hasta diciembre pasado se desempeñó como presidente del cuerpo, explicó que la iniciativa, que incluso contó con los votos del bloque de la UCR, “fue discutida entre todos”, aunque aclaró que “la agresión a CQC fue uno de los detonantes, junto con las denuncias por las viviendas”.

El edil recordó que luego de los hechos de violencia en el acto del 2 de abril “hubo una manifestación de vecinos autoconvocados, que hicieron un bocinazo”. Además, este mismo lunes se concentraron 500 personas frente al municipio para pedir la renuncia de Altieri.

Por otro lado, según pudo saber este portal de fuentes del peronismo pinamarense, en la tarde de este mismo lunes las autoridades municipales le habrían pedido al titular del IPS local, Jorge Liberanome, que abandonara el cargo luego de verse involucrado en la agresión al móvil de CQC.